Juan Sánchez Sánchez
Exdirector de la Biblioteca de Castilla-La Mancha
@JuanssJUAN
Introducción[ref]En julio de 2018 realicé un informe sobre las bibliotecas públicas en España que tuvo amplia difusión a través de diversos medios de comunicación, especialmente gracias a la nota informativa que difundió la agencia Europa Press. El informe analizaba las principales claves de la situación de las bibliotecas públicas en España y presentaba una propuesta de hoja de ruta para establecer una política de lectura pública desde el marco de un PACTO DE ESTADO. Los datos entonces utilizados correspondían al año 2015, el último que ofrecía el Ministerio en la Estadística de Bibliotecas que difunde y que se realiza en colaboración con el conjunto de Comunidades Autónomas. El informe no fue publicado íntegramente y ahora lo hemos actualizado, con datos estadísticos correspondientes al año 2016.[/ref]
Teníamos la ilusión de que la nueva situación política española propiciase algún debate sobre la política cultural que precisa nuestro país. La Cultura y las bibliotecas no son, en general, una prioridad política. Tal vez por ello el gesto de Pedro Sánchez de recuperar un Ministerio en esta materia, creó esperanzas. La forzada dimisión de Màxim Huerta y el nombramiento de José Guirao, con un perfil de gestor cultural, convirtió la cultura, además del deporte, en tema de conversación entre los periodistas. Parecía una oportunidad de que, por vez primera, el Gobierno abanderase una política cultural. A pesar de la debilidad del grupo parlamentario socialista, el Gobierno tenía la posibilidad de enmendar sus errores de otros tiempos y de trazar nuevos caminos. Podría reabrirse el debate sobre el modelo de cultura de España en una configuración como la actual de Estado de las Autonomías.
Por mi formación y experiencia deseo insistir en la necesidad de que la lectura pública y las bibliotecas no permanezcan en el olvido del actual Gobierno. Nuestro país presenta un mosaico de grandes desigualdades que jamás se han afrontado. Más de tres mil municipios españoles carecen de cualquier tipo de acceso a servicios de biblioteca pública, y la biblioteca escolar es hoy la gran asignatura pendiente de los sistemas educativos.
La falta de una política de Estado en materia de bibliotecas públicas y de bibliotecas escolares condiciona el desarrollo de planes de promoción de la lectura que sean eficaces. Por ello vuelvo a clamar por una Ley nacional de Coordinación de Bibliotecas y Lectura pública. Que desde Castilla-La Mancha se levante esta voz significa la confianza en el Estado de derecho y en una Constitución que esté plenamente vigente. La lectura es un derecho de todos los ciudadanos, y al Estado corresponde abordar un plan coordinado que garantice servicios bibliotecarios al conjunto de la población española. ¿Será valiente el presidente Pedro Sánchez en esta cuestión y afrontará un problema que debería constituir tema de debate en las instituciones de la Unión Europea?
El decreto de organización del Gobierno dirige las funciones básicas del Ministerio, en el área de Cultura, a “la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el impulso de las acciones de cooperación cultural…” Algunos analistas pusieron el acento en la necesidad de utilizar la Cultura como seña de identidad de la marca España, opción que sería, desde mi punto de vista, miope para el interés de los españoles. Los eventos culturales, las grandes exposiciones, la actividad cinematográfica, los museos nacionales… claro que tienen que estar en la agenda política del Ministerio pues lo están en los Presupuestos Generales del Estado. Pero hay mucho más que el Ministerio debe hacer o impulsar.
Mediante el Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, se desarrolló la estructura orgánica básica del nuevo Ministerio, que recoge las competencias de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, que asume las competencias de bibliotecas. Sin duda, la creación de esta dirección general fue otro guiño político, así como el nombramiento de su titular: la poeta Olvido García Valdés. El decreto de competencias es bastante caótico en lo que respecta a bibliotecas y lectura, pero esperemos que haya voluntad política de propiciar una sociedad lectora. Leer es fundamental en la formación de una persona y la lectura construye ciudadanos libres y críticos, participativos y tolerantes. Y se desarrolla mediante un trípode: familia, centro educativo y biblioteca pública. Hay quien afirma que son claras competencias de las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos, pero sólo es parcialmente cierto: construir un modelo de sociedad pasa necesariamente por el pilar del Estado, a través de dos ministerios: Educación y Cultura. Los sistemas educativos tienen como asignatura pendiente la biblioteca escolar, una biblioteca que actúe como eje de formación para los distintos actores de la comunidad educativa: alumnos, profesores y padres. Pero las bibliotecas, como otras áreas de los centros educativos, precisan expertos: bibliotecarios escolares que presten esos servicios de forma transversal a todos los agentes implicados. Esos bibliotecarios conseguirían construir lectores apasionados y se pondría fin al fracaso actual: leer por obligación no consigue lectores que amen la lectura y la conviertan en actividad esencial de sus vidas.
Una política de lectura pública precisa impulsar la lectura utilizando un servicio que hoy resulta absolutamente esencial para nuestra sociedad: la biblioteca pública, puerta democrática de acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Las bibliotecas son lugares para la libertad, el encuentro, el debate, las propuestas comunitarias, la convivencia ciudadana, la solidaridad, la cultura, la información, la educación permanente y la creatividad. Los libros y las tecnologías de la información, con la complicidad de la sociedad, se unen para que las bibliotecas sean “laboratorios de la ciudad soñada” (José Antonio Marina).
A pesar de los avances experimentados en España, las bibliotecas españolas no acaban de ser consideradas servicios básicos y necesarios para todos los ciudadanos. Si la lectura no es lujo y sí una necesidad de la población, las bibliotecas constituyen el marco democrático que ofrece sus servicios a todo tipo de personas y colectivos, sin barreras de ningún tipo[ref]España y sus comunidades autónomas caminan a muy distinta velocidad. Un ejemplo lo tenemos en los estándares de servicio que se utilizan. En unos casos ha habido una ejemplar tarea de planificación y en otros muchos casos la falta de legislación nacional ha favorecido situaciones nada deseables en cuanto a personal, colecciones, presupuestos…. Las regiones más avanzadas o al menos con políticas bibliotecarias más avanzadas han optado por incluir en su legislación el desarrollo de “mapas de bibliotecas”, que establecen los mínimos que deben cumplir los municipios de esa región. Recientemente se ha publicado un interesante artículo, referido a Castilla-La Mancha, pero que es utilizable en el conjunto de regiones. Véase: ARROYO ORTEGA, Óscar (2018). “Los mapas de bibliotecas como fórmula de planificación de los servicios bibliotecarios: el caso de Castilla-La Mancha.” Símile. Butlettí del COBDCV. Núm. 38 (2018/01).[/ref].
La falta de una legislación marco de carácter nacional ha propiciado un mosaico de desigualdades entre unas regiones y otras, entre ciudades y localidades de parecida población características, entre ciudadanos residentes en distintos lugares de España. Los indicadores estadísticos muestran claramente esas desigualdades, con regiones o provincias que presentan magníficas realidades bibliotecarias y otras que ni siquiera tienen una legislación específica. El resultado: más de 3.000 municipios españoles carecen de cualquier servicio de biblioteca y ni siquiera un bibliobús presta sus servicios en esas localidades, y muchos barrios de grandes o medianas ciudades no cuentan entre sus servicios públicos el de biblioteca.
La hoja de ruta: las bibliotecas, eje de las políticas de lectura
La biblioteca pública es la puerta democrática de acceso al conocimiento, la cultura, la información, la educación permanente y el ocio positivo. Frente a quienes piensan que las bibliotecas en la era de Internet no son tan necesarias, se equivocan. Cada vez más las bibliotecas tienen un compromiso social que amplía nítidamente sus actividades: junto a los tradicionales servicios de lectura en salas, préstamo, preservación de las colecciones, cuentacuentos, presentaciones de libros…. Las bibliotecas constituyen un lugar de encuentro y convivencia, un centro de debate y propuestas ciudadanas, un servicio para la solidaridad y la integración sin barreras de ningún tipo…
Pese al gran avance experimentado en España durante la época democrática en el servicio bibliotecario no se han corregido algunas de las carencias y desigualdades más graves. Y lo que es peor, no existen iniciativas para eliminar esas desigualdades. Los años de crisis económica en España han propiciado el descenso de presupuestos para las bibliotecas, la parálisis de planes inversores, el descenso en las adquisiciones de obras e incluso el descenso de horario de atención al público y el cierre de bibliotecas municipales.
Pero, como ya he dicho, la lectura se conforma desde un trípode: familia, centro educativo y biblioteca pública. Consiguientemente, es precisa la coordinación entre los ministerios de Cultura y de Educación para diseñar planes de futuro que consigan desarrollar en España una verdadera SOCIEDAD LECTORA.
La hoja de ruta que pienso debe trazarse es la siguiente:
1) Se precisa la actuación del Gobierno de España para promover un PACTO DE ESTADO que permita desarrollar una verdadera POLÍTICA DE ESTADO en materia de Lectura y Bibliotecas. Ese Pacto debe implicar al conjunto de las Administraciones Públicas.
2) Con la separación de las competencias de Educación y de Cultura es absolutamente necesaria una coordinación entre los ministerios de Educación y Formación Profesional y de Cultura y Deportes. La relación y el trabajo conjunto, con visión de Estado, es imprescindible para promover la lectura en la infancia y adolescencia a través de los centros educativos y en estrecho contacto con las redes de bibliotecas públicas.
3) Si la Lectura pública se convierte en una de las prioridades de la política cultural del Gobierno de España, parecería necesario que en la primera Conferencia de Presidentes que se celebre se incluya un informe sobre la situación del servicio de biblioteca pública en el conjunto del país así como de las bibliotecas escolares en los distintos sistemas educativos autonómicos. De no llevarse a cabo la inclusión de la cuestión de la lectura y las bibliotecas en esta Conferencia, debería garantizarse tratar el asunto en las dos conferencias sectoriales (Educación y Cultura), pero de forma coordinada. El tratamiento de la lectura pública ha de ser integral, por lo que al haberse separado los ministerios ha de plantearse la política general bibliotecaria en la Conferencia Sectorial de Cultura y tratarse la cuestión de las bibliotecas escolares y las políticas de fomento de la lectura en los diversos niveles educativos en la Conferencia Sectorial de Educación.
4) Nombramiento de dos grupos de expertos para elaborar sendos informes que contengan las bases sobre las que deberá redactarse la necesaria Ley de Coordinación de Bibliotecas y Lectura pública. Lógicamente, esta Ley sólo podrá plantearse desde el Pacto de Estado que he mencionado anteriormente. Uno de los grupos analizará la situación de las bibliotecas públicas y las claves básicas para incluir en la Ley y el segundo grupo estudiará la Biblioteca escolar en el sistema educativo en sus niveles de educación infantil, primaria y secundaria y la paulatina incorporación de bibliotecarios profesionales.
5) Impulso a la promulgación de una Ley de Coordinación de Bibliotecas y Lectura pública, de carácter estatal. Es cierto que no siempre se garantiza el cumplimiento de las leyes, pero si existen será más fácil que se desarrollen políticas bibliotecarias y servicios en todo el país. El grado de desarrollo normativo en bibliotecas es absolutamente dispar en el conjunto del Estado de las Autonomías.
6) En las líneas maestras del Pacto de Estado se tendrán especialmente en consideración las estrategias a seguir para resolver la carencia de servicios bibliotecarios en los más de 3.000 municipios españoles que actualmente no disponen de biblioteca o de servicio de bibliobús.
7) Diseño de un plan que promueva los valores de la lectura y la información, fundamentalmente desde los servicios bibliotecarios, utilizando los medios de comunicación audiovisuales públicos.
El marco legal: la necesaria coordinación institucional
El conjunto de Administraciones Públicas tienen competencias en este servicio público esencial para la sociedad española, no siempre correctamente asumidas. Desde el inicio de la década de los años ochenta del siglo XX, clamé por una Ley de Coordinación Bibliotecaria estatal, que sirviese de pauta, de Ley-marco, para el desarrollo de los servicios públicos de lectura e información en todo el país. Cuando, por fin, se planteó esa Ley estatal, mostré una esperanza que pronto derivaría en frustración: se promulgó y entró en vigor la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, pero no resolvió ninguno de los problemas prácticos que nos preocupaban a los que habíamos clamado por esa Ley y que precisaban una regulación nacional. Es una norma que señala vías de cooperación, a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, pero no aborda la imprescindible y obligada coordinación en la que debieran trabajar los sistemas bibliotecarios de nuestro país. La Ley recogió principios pero no concretó estándares de servicio público ni responsabilidades de financiación. Fue una oportunidad perdida.
Por otro lado, las legislaciones autonómicas [ref]Todavía no se ha completado el mapa de legislación autonómica sobre bibliotecas, a pesar de las décadas transcurridas del Sistema Autonómico de nuestro país. Canarias está actualmente inmersa en el proceso parlamentario de aprobación de su Ley, mientras que otras regiones han desarrollado ya leyes de segunda generación, tras dar por superada las primeras que entraron en vigor. Un reciente y valioso artículo: ARROYO ORTEGA, Óscar. “Legislación bibliotecaria autonómica, apuntes para el diseño de las reglas del juego” Símile. Butlettí del COBDCV. Núm. 40 (2018/04). En: http://cobdcv.es/simile/legislacion-bibliotecaria-autonomica-apuntes-diseno-reglas-juego/[/ref], distintas y distantes en forma, tiempo y características de los servicios de biblioteca pública, no han resuelto en muchos de los casos la pregunta crucial de quién tiene la obligación de crear y sostener una biblioteca pública. En muchas regiones el listón para crear bibliotecas públicas se situó en los 5.000 habitantes que marcó la Ley de Bases de Régimen Local. Otras optaron por los 3.000 habitantes que tradicionalmente recomendaba la UNESCO. Hay regiones que han sido más democratizadoras de este derecho y situaron en 2.000 e incluso en 1.000 habitantes la frontera para que el municipio contase con biblioteca pública, que es el caso de Castilla-La Mancha. Estas legislaciones, junto al desarrollo de planes bibliotecarios más progresistas o a programas regionales que han venido apoyando financiera y técnicamente el desarrollo de bibliotecas públicas municipales, han colaborado en articular un mosaico bibliotecario verdaderamente desigual de unas regiones a otras y entre unos municipios y otros. Por ello entiendo que se precisa legislar una nueva Ley en el sentido ya expuesto.
El Plan Cultura 2020, aprobado por el Ministerio, no incluye medida alguna que corrija la situación de desigualdad de las bibliotecas públicas en España y que intente una verdadera Política de Estado en materia de bibliotecas públicas. La excusa siempre es que las comunidades autónomas y las Administraciones Locales tienen las competencias de gestión sobre el servicio bibliotecario, olvidando el papel coordinador de la Administración General del Estado que consagra la Constitución de 1978. Sólo hay que ver que en otros ámbitos, como el educativo, incluye medidas relativas a los planes de lectura en centros docentes mediante clubes de lectura.
Las regiones o ciudades con políticas bibliotecarias más avanzadas dicen frecuentemente que esto no es cosa del Estado. Yo afirmo la necesidad de que el Gobierno de España impulse una verdadera política de Estado en materia de lectura pública y bibliotecas y lo haga mediante un Pacto en el que participen el conjunto de Administraciones Públicas, todas con competencias en estas materias. Las comunidades autónomas son competentes en Educación pero desde hace años se insiste en la necesidad de contar con una política educativa que se base en el Pacto y no en imposiciones; en ese contexto habría que articular los mecanismos para hacer realidad el viejo sueño de la biblioteca escolar gestionada por profesionales, con el perfil que se determine. Igual ocurre con las competencias para desarrollar políticas bibliotecarias, que es de las comunidades autónomas, aunque en general la creación de bibliotecas lo es de los ayuntamientos. También las diputaciones provinciales tienen competencias en bibliotecas, especialmente para los municipios más pequeños. Y el Estado, como titular, conserva competencias sobre las llamadas Bibliotecas Públicas del Estado, gestionadas por las comunidades autónomas. En este panorama entendemos que la Administración General del Estado tiene competencias de coordinación para asegurar que los servicios bibliotecarios lleguen a todos los españoles. La Constitución Española de 1978 sigue siendo el marco de convivencia política y ciudadana: Hace meses parece que los españoles descubrimos el artículo 155, aplicado en Cataluña; pero hay otros artículos que parecen olvidados por el Estado. Así, por ejemplo, el artículo 149.1.1º) resulta esencial para valorar el papel ministerial en la resolución de estas desigualdades: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre…la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el incumplimiento de los deberes constitucionales.” Y el artículo 150.3 prevé incluso que …podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general…
Informe: las claves de las bibliotecas públicas
El presente informe se realiza teniendo en cuenta la Estadística de Bibliotecas correspondiente al año 2016, desarrollada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en colaboración con las comunidades autónomas: Las Bibliotecas Públicas Españolas en cifras. Se comentan algunos de los indicadores que consideramos más importantes. Aunque la estadística y los gráficos incluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sólo se valoran los datos de las 17 comunidades autónomas[ref]He utilizado con frecuencia esta estadística para realizar distintos informes sobre la situación bibliotecaria de España. Como ya he citado, a primeros de julio de 2018 realicé un informe completo, referido a los datos del año 2015, los últimos disponibles en ese momento. A los pocos días, el Ministerio publicó la estadística referida al año 2018. Sobre este año, en las redes sociales se publicó un trabajo de Julián MARQUINA que realizaba una visión global de las bibliotecas públicas españolas: “10 datos a tener en cuenta sobre las estadísticas de las bibliotecas públicas en España”[/ref].
1) Unos indicadores espectaculares
Existen en España 4.6135 bibliotecas públicas, que se conforman como el servicio cultural más accesible al ciudadano, con un 96,82 % de la población con servicio bibliotecario en su localidad.
El conjunto de bibliotecas españolas recibió en 2016 un total de 107,16 millones de visitantes (usuarios). Las bibliotecas públicas disponían ese año de una colección de más de 88 millones de documentos (libros, audiovisuales y otros soportes), realizándose en ese año 49,3 millones de préstamos de obras a domicilio.
Un indicador importante es conocer las visitas que realizan los ciudadanos de cada región a sus bibliotecas. La media española en 2016 es de 2,84 visitas por habitante, que baja ligeramente respecto al año anterior. El mejor dato lo tiene Galicia, con 4,99 visitas por habitante, seguida de Castilla-La Mancha (4,07) y País Vasco (4,07). El peor registro corresponde a Andalucía, que tiene sólo 1,54 (no tengo en cuenta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en ningún cuadro, por no ser parámetros comparables).
2) Con la crisis crecen los socios de las bibliotecas
Con la crisis económica, se ha incrementado el número de socios de las bibliotecas públicas: más de 17,25 millones de ciudadanos (un 37,05 % de la población). Sin duda no hay ningún otro servicio no obligatorio que atraiga a más de un tercio de la población española. Es un dato singular: aunque los presupuestos que se dedican a las bibliotecas disminuyen, el número de socios aumenta poderosamente: en 2010 el porcentaje de socios era de 28,72 %, por lo que se ha incrementado en más de ocho puntos. Con la crisis, los ciudadanos utilizan más los servicios bibliotecarios, que son gratuitos, en lugar de acceder a otro tipo de servicios de pago.
3) Los recursos: las bibliotecas son baratas
Las bibliotecas precisan recursos tecnológicos, colecciones en todos los soportes y de unos profesionales que son esenciales para el trabajo mediador y experto en cada una de estos ámbitos. Los bibliotecarios son la piedra angular de las bibliotecas y, junto a los usuarios, constituyen el doble corazón de una biblioteca pública. Pero, por lo que se ve, las bibliotecas públicas son baratas, o al menos así resultan: El año 2016, el conjunto de Administraciones Públicas de nuestro país apenas gastaron una media de 9,95 € por habitante, mientras que, por ejemplo, el gasto sanitario por habitante ha sido en 2015 de 1.232 € por habitante. Pero, en esencia, la consideración política que se tiene sobre el servicio de biblioteca pública se vislumbra en el descenso presupuestario que desde 2011 aqueja a las bibliotecas públicas españolas: en 2016 el gasto total ascendía a 487,29 millones de euros (463,4 en gastos corrientes y 24 millones en inversiones). Aunque ha habido una cierta recuperación, los presupuestos están lejos de las cifras del año 2010: un total de 601 millones de euros.
4) Bibliotecarios, motor de las bibliotecas
Sin duda, los profesionales constituyen la piedra angular de las bibliotecas y son su motor. Según las estadísticas, en el año 2016 continúa el descenso del número de empleados y se contabilizan en España un total de 12.483 trabajadores, mientras que en el año 2010 había 12.807. Pero si hacemos la equivalencia a personal a tiempo completo, el total de empleados es de sólo 10.676,52. Muy significativo me parece la relación entre número de bibliotecarios con habitantes: Según este indicador “Habitantes por trabajador ETC” (Equivalente a Tiempo Completo), en España había un trabajador en bibliotecas por cada 4.362 habitantes. En la cabeza de esta tabla, están Castilla-La Mancha y Extremadura, que cuentan con un bibliotecario cada 2.702 habitantes, seguidas de Castilla y León con 3.239 habitantes por trabajador.
Pero el análisis pormenorizado de la situación del personal bibliotecario añade muchos problemas. En buena parte de las bibliotecas municipales el bibliotecario no es contratado con el carácter de personal técnico que desempeña sino con categorías auxiliares. Incluso las bibliotecas de localidades pequeñas necesitan bibliotecarios con una jornada y tipo de contrato que garantice su prestación de servicios de calidad a la comunidad local.
5) España, país con desigualdad en el servicio bibliotecario
España, un país con desigualdad en centros bibliotecarios. Por las distintas legislaciones y las diversas políticas bibliotecarias desarrolladas, España hoy es un mosaico de desigualdad en la prestación de este servicio público. En 2016 existe una biblioteca pública por cada 10.048 habitantes. Si tenemos en cuenta este indicador “Habitantes por biblioteca”, resulta que las comunidades autónomas con mejor situación y que están a la cabeza en el país son Extremadura (que tiene una biblioteca por cada 2.707 habitantes) y Castilla-La Mancha (una biblioteca por cada 4.112 habitantes). Una política adecuada de los gobiernos regionales consiguió estimular a los ayuntamientos a establecer bibliotecas municipales y a mantenerlas pues se dieron cuenta de la importancia que una biblioteca tenía para sus comunidades. En el polo opuesto están Madrid (una biblioteca por 28.170 habitantes), Cataluña (una biblioteca por 18.796 habitantes), Murcia (una biblioteca por 14.503 habitantes), Canarias (una biblioteca por 13.176 habitantes) y La Rioja (una biblioteca por 13.141 habitantes). No sólo influye la población sino las políticas bibliotecarias más democratizadoras de este servicio que se han seguido en algunas comunidades autónomas.
6) Las colecciones bibliotecarias
También hay desigualdad en las colecciones bibliotecarias: la media nacional de libros u otros soportes por habitante es de 1,89, con graves diferencias: frente a la ratio de 3,46 que tiene Navarra o 3,25 Castilla-La Mancha, que constituyen los mejores datos españoles, están Canarias con 1,19, Madrid con 1,23, Andalucía con 1,30 y Murcia con 1,34. El gasto en adquisición de colecciones es también significativo, y se ha reducido considerablemente en los últimos años: con una media lamentable de 0,63 euros/habitante, País Vasco figura a la cabeza con 1,38 frente a 0,19 de Andalucía, 0,23 de Canarias y 0,33 de Murcia.
7) Las bibliotecas públicas, mucho más que libros
Indudablemente, las bibliotecas son hoy mucho más que libros. Son espacios para el encuentro, la convivencia, la creatividad, el debate…Las bibliotecas que no tienen la obligación de conservar (sí la tienen las bibliotecas nacionales, regionales y provinciales) serán cada vez más espacios diáfanos para que los ciudadanos construyan su propia cultura. Las bibliotecas incrementan su vertiente social y cada vez más deben trabajar en coalición con la sociedad, con todo tipo de colectivos y entidades. Sin duda, un indicador en este sentido son las actividades culturales de las bibliotecas. En las estadísticas de 2016, el indicador “Actividades organizadas por las bibliotecas por 1.000 habitantes”, ofrece una media nacional de 4,85 actividades. En los puestos más altos están las bibliotecas de Castilla-La Mancha (18,68), Cataluña (8,55), Aragón (7,71), Asturias (5,12), Extremadura (4,86), Castilla y León (4,12) y La Rioja (4,11) frente a Canarias (con 1,68), País Vasco (1,71), Murcia (2,38), Galicia (2,41), Madrid (2,48), Navarra (2,97), Cantabria (3,24), Baleares (3,43) y Comunidad Valenciana (3,56). Es decir, una comunidad como Castilla-La Mancha, con unos espacios pequeños, se sitúa a la cabeza de España en el número de actividades organizadas por 1.000 habitantes. Indudablemente, junto al factor del espacio o de las colecciones, hay otros ingredientes que tienen que ver en un mejor y más eficaz servicio bibliotecario. Y ahí sin duda está el tema del personal bibliotecario: a pesar de políticos que se empeñan en no apoyar nítidamente las políticas bibliotecarias en los presupuestos públicos, la calidad y la entrega de los profesionales que trabajan en las bibliotecas obra este gran milagro.
8) Las bibliotecas, baluartes de libertad
Con la crisis económica y los recortes, en la mayoría de las regiones y en numerosas localidades, las bibliotecas sobreviven a pesar de los escasos recursos gracias a unos profesionales muy comprometidos con su actividad. Además, las bibliotecas están muy bien valoradas por la sociedad. Y otra cuestión: las bibliotecas son centros de libertad: a un centro educativo los ciudadanos van obligados (en estudios obligatorios) e igual ocurre con los usuarios de la sanidad. Pero a las bibliotecas los ciudadanos llegan libremente, gozosamente libres. Por eso, que un tercio de la población española sea socio de una biblioteca pública es un dato esperanzador y que debería hacer reflexionar a los políticos españoles. Son datos mucho más relevantes que los aportados por las distintas encuestas de hábitos culturales sobre lectura de libros, visitas a las bibliotecas…
9) Las bibliotecas escolares, fundamentales para promover una sociedad lectora
Leer es fundamental en la formación de una persona. La lectura construye ciudadanos libres y críticos, participativos y tolerantes. Y se desarrolla mediante un trípode: familia, centro educativo y biblioteca pública. Los sistemas educativos tienen como asignatura pendiente la biblioteca escolar, una biblioteca que actúe como eje de formación para los distintos actores de la comunidad educativa: alumnos, profesores y padres. Pero como cualquier servicio público, la biblioteca escolar, no funciona si carece de profesionales. La figura del bibliotecario escolar, con capacidades docentes y dotado de técnicas de animación a la lectura e impulsor del conocimiento y la información, es absolutamente necesaria.
10) Más de tres millares de localidades españolas sin servicio bibliotecario
En 2016 se mantiene un dato verdaderamente escalofriante: 3.004 municipios españoles carecen de cualquier tipo de acceso a servicios de biblioteca pública. Es cierto que ese altísimo porcentaje de los municipios españoles que no tienen biblioteca o no reciben servicios de biblioteca móvil se corresponde globalmente con un 3,2 % de la población, pero los españoles no pueden sufrir discriminación alguna en razón de su residencia. Además, aunque las estadísticas consideren que una ciudad determinada tiene cubierto el servicio porque exista una biblioteca para 50.000, 70.000 o incluso más habitantes, no podemos aceptar esta hipocresía estadística. Muchísimas ciudades y grandes poblaciones carecen de verdaderas redes de bibliotecas.
Cuarenta años en defensa de las bibliotecas públicas
Desde 1978 vengo publicando en los medios de comunicación y a través de jornadas técnicas, congresos y conferencias mis ideas en defensa de la biblioteca pública. Coincidiendo con la publicación de mi quinto libro sobre bibliotecas, Desde la arena de la biblioteca pública he elaborado este informe, un decálogo con las claves de las bibliotecas públicas en España, que resume la situación de este servicio público y la necesidad de articular una verdadera política de Estado en esta materia con la participación de las distintas administraciones públicas. Se ha puesto al día tras los cambios estructurales y políticos establecidos en el organigrama de la Administración General del Estado.
Con esta obra se conforma una verdadera PENTALOGÍA SOBRE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN ESPAÑA. Primero fue el libro Combates por la biblioteca pública en España (Almud Ediciones de Castilla-La Mancha, 2006). Después se publicó En defensa de la biblioteca pública (Almud Ediciones de Castilla-La Mancha, 2012). Ambas obras incluyen buena parte de las investigaciones, conferencias, artículos y otros trabajos escritos por el autor en el ámbito de las bibliotecas. La tercera obra fue Rebelión por la biblioteca (Ledoria, 2013), una novela corta dirigida a todos los públicos y especialmente a los jóvenes en la que se resaltan los valores esenciales de una biblioteca y se conforma todo un manual para ciudadanos defensores de las bibliotecas. A lo que ya conformaba una trilogía se añadió una cuarta obra, con formato de ensayo, titulada Elogio de la biblioteca pública (Buenos Aires: Alfagrama, 2017). Y ahora, el quinto libro: Desde la arena de la biblioteca pública (Almud Ediciones de Castilla-La Mancha, 2018), que incluye sesenta artículos de opinión publicados desde 2012 hasta los inicios de 2018, y que recoge la defensa de las bibliotecas durante el período en el que el autor fue director de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.
Con el presente informe, sigo reivindicando una política de Estado en materia de bibliotecas públicas y vuelvo a insistir sobre la necesidad de promulgar una nueva legislación estatal sobre lectura pública y bibliotecas.
