Debate coordinado por Julián Marquina
El Real Decreto 624/2014 es bien conocido por el mundo de las bibliotecas, entidades de gestión y autores. Es el Real Decreto por el cual se desarrolla el derecho a remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público. Prácticamente de reciente aplicación, su historia se remonta al año 1992 con su primera Directiva Europea.
Ya han pasado 25 años de aquella Directiva europea y dos años y medio de la obligación del pago (pago a realizar a través de entidades de gestión de derechos de autor como CEDRO) a los autores por parte de bibliotecas y demás organizaciones públicas que realicen préstamos de obras al público.
Ahora bien, ¿se está cumpliendo con dicha obligación? ¿Se han puesto al día en el pago las bibliotecas?... Es más, ¿están pagando todas las bibliotecas? ¿Quién paga? ¿A quién pagan? ¿Son procesos transparentes? ¿Mermarán los presupuestos finales a las bibliotecas? ¿Los autores están recibiendo las cantidades esperadas?… A estas y otras preguntas tratará de dar respuesta este debate.
Debate que ha contado con la colaboración de distintos profesionales del ámbito de las bibliotecas, asociaciones profesionales, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, CEDRO y escritores.
Se estructura dicho debate en 3 bloques y un resumen final. Un primer bloque desde el punto de vista del sector de las bibliotecas, un segundo bloque con el punto de vista de este Real Decreto de parte de CEDRO y un tercer (y último bloque) desde el punto de vista de Lorenzo Silva representando al colectivo de los escritores. Vayamos con los bloques:
El Real Decreto 624/2014 desde el punto de vista del sector de las bibliotecas
Todos los entrevistados del sector de las bibliotecas están a favor del RD 624/2014 por obligación al ser una normativa de la Unión Europea. Bárbara Muñoz de Solano y Palacios (Presidenta de la SEDIC), por su parte, manifiesta que es necesaria una mejor retribución a los autores por sus derechos, pero que esta mejora se haga a través de las bibliotecas no es la mejor opción. Pedro Hípola (Profesor de Documentación en la Universidad de Granada) dice que no se puede batallar contra la normativa de la Unión Europea y que toca acatar, pero incide en que “quienes deberían liderar esta batalla a escala nacional y europea no parecen estar muy activos”. Carme Fenoll (Jefa del Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña) manifiesta que hace falta una mejor redacción y desarrollo del Real Decreto, en definitiva, intentar hacer una propuesta mejorada del texto aprobado. Concha Vilariño (Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) opta por proponer nuevas fórmulas para garantizar el equilibrio entre derecho a la información y derecho de autor.
En cuanto a si el RD 624/2014 mermará los presupuestos de las bibliotecas lo tienen claro Bárbara y Pedro, el cual ve una época de recortes en el mundo de las bibliotecas. Carme es clara en decir quien se tendría que ocupar de estos pagos y manifiesta que estos gastos no se tendrían que sufragar desde la Administración local, sino hacerlo a través de la Administración central. Concha es la más optimista al manifestar que “es un gasto que debe asumir la administración titular con una partida específica para dar cumplimiento a un derecho de propiedad intelectual y que, por tanto, no debería recaer en los presupuestos de las bibliotecas”.
La mayoría incide en que este nuevo gasto en las bibliotecas no tendría que afectar su buen funcionamiento. Sobre quién se encargará de velar por la fiabilidad de los datos dados a las entidades gestoras de derechos por parte de las bibliotecas, Carme dice que “no corresponde a las entidades gestoras de estos derechos evaluar a las bibliotecas”, sino acatar los datos facilitados. Pedro cree que las entidades gestoras de derechos acabarán metiéndose en las bibliotecas si no se les para.
Al ser un derecho de gestión colectiva obligatoria ningún autor puede renunciar a dicha compensación. Carme aboga por encontrar soluciones alternativas para los autores que no quieran dicha compensación.
Sobre si las bibliotecas podrían tener en cuenta a los autores pro Real Decreto y contra Real Decreto a la hora de hacer sus colecciones, Concha dice que hay que trabajar para evitar cualquier confrontación entre bibliotecas y autores, y viceversa. El titular de los derechos es quien decide dónde quiere difundir su obra y por qué medios. Las bibliotecas no deberían excluir a ningún autor, sino velar por la creación de una buena colección para su comunidad.
El Real Decreto 624/2014 desde el punto de vista de CEDRO
Magdalena Vinent (Directora General de CEDRO) manifiesta que “la regulación vigente no garantiza a los autores una remuneración por el préstamo público de sus obras, ya sean libros, discos o películas” y que “en la práctica casi ninguna institución obligada al pago está abonando esta remuneración”.
Comenta que “las principales asociaciones de escritores y traductores han solicitado recientemente un cambio de regulación, con el fin de ser remunerados de una forma justa y equilibrada por este concepto y equiparar así su situación a la de los autores de los países de nuestro entorno” y que “el cambio que proponen los autores supondría, por una parte, que el pago de la remuneración la asumieran el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. Y por otra parte, los autores solicitan que el importe de la tarifa sea justo y no simbólico, como sucede en la actualidad”.
Desde CEDRO se tiene plena confianza en que las personas encargadas de facilitar la información necesaria para el cálculo de la remuneración y que no van a burlar una obligación legal aportando datos inciertos.
En cuando a las estimaciones anuales de euros recaudados procedentes de los préstamos de las bibliotecas para autores comenta que “se podría situar entre 300.000 y 400.000 euros anuales a distribuir entre todos los autores de música, películas y libros prestados”. También incide en que esta cifra es mínima y casi simbólica: “La cifra está muy por debajo de países como Francia (16 millones de euros), Alemania (10,74 millones), Reino Unido (7 millones) o Italia (1,04 millones), y más por debajo está aún de la recaudación real en España. En 2015 la recaudación en nuestro país tan solo ascendió a unos 79.000 euros para distribuir entre todos los autores de libros, películas y discos prestados en las bibliotecas”.
El Real Decreto 624/2014 desde el punto de vista de los escritores
Lorenzo Silva (escritor) comenta que esta compensación es buena para proteger a los autores desfavorecidos y que él estaría dispuesto a renunciar mientras se pueda ganar la vida por otras vías (como es su caso).
Comenta que lo justo sería que a las bibliotecas se les dotasen adecuadamente de recursos públicos para pagar estos derechos sin menoscabo del servicio público bibliotecario. También manifiesta que autores y editores deben ser más activos y generosos con las bibliotecas e incentivar la creación de una biblioteca pública digital, que aunque genere pocos derechos siempre será más preferible que la biblioteca pirata digital.
Sobre si las bibliotecas podrían tener en cuenta a los autores pro Real Decreto y contra Real Decreto a la hora de hacer sus colecciones dice que van por mal camino las bibliotecas que vetasen obras de los autores por ser pro Real Decreto.: “mal camino me parece vetar o enfrentarse a quienes han de llenar sus estantes con contenidos atractivos, de calidad y que den sentido al servicio público que prestan”.
Para finalizar con el Real Decreto 624/2014
Estamos ante un Real Decreto que todos acatan por obligación, pero que todos justifican su mejoría. Desde el punto de vista de las bibliotecas dicen que habría que mejorar su redacción y dejarlo más claro… y desde la visión de CEDRO se insta a la modificación para que los autores y traductores sean remunerados de manera justa.
Se confía en que este Real Decreto no merme los servicios bibliotecarios y que el pago no se toque de los presupuestos destinados a las bibliotecas. Se comenta que dicho pago se tendría que hacer con una partida específica y sin que ello repercuta en el presupuesto bibliotecario final. Aunque es complicado.
CEDRO confía en el buen hacer del personal encargado de hacer las cuentas de usuarios, préstamos y obras para el cobro de la remuneración a los autores. Las bibliotecas, por su parte, no quieren que CEDRO les evalúe o controle su buen hacer. Digamos que se respetan, pero que nadie cruce la línea roja que les separa.
No cabe la distinción entre autores pro Real Decreto y autores contra Real Decreto. CEDRO tiene que recaudar el dinero tanto si el autor de una obra está a favor o en contra del mismo al ser un derecho de gestión colectiva obligatoria. Aunque desde las bibliotecas se cree que se tendrían que buscar otras fórmulas.
CEDRO manifiesta que casi ninguna institución obligada al pago está abonando dicha remuneración. Quienes sí lo han hecho ya han sido el 80% de los municipios de Cataluña a los que CEDRO requirió el pago. La cantidad facturada del 2010 al 2014 han sido 359.102,22 euros y en 2015 64.282,47 euros. Aún queda un 20% de municipios en Cataluña que parecen no estar muy a favor del pago obligatorio o que no tienen dinero para hacer frente a este pago. Por otra parte, el MECD ha pagado por las 53 Bibliotecas Públicas del Estado en 2015 un total de 55.137,06 euros.
CEDRO estima que anualmente podría recaudar para repartir unos 300.000 / 400.000 euros. Cifra que está muy por debajo de otros países como Francia (16 millones) o Alemania (10,74 millones). De ahí que apoye la revisión de los cálculos expuestos en el Real Decreto para mejorar la remuneración de los derechos de autor por préstamo.
Lorenzo Silva apoya el Real Decreto, pero no le importaría renunciar a él al no depender económicamente de esta remuneración. Comenta que hay autores desfavorecidos (que venden menos y por lo tanto cobran menos) a los cuales les vendrá bien este extra. Puntualiza que los editores y autores deben ser más generosos con las bibliotecas ya que, al fin y al cabo, es una manera legal de hacerse con las obras y no ir al lado de la piratería. También termina con una advertencia a las bibliotecas que no escojan obras de autores pro Real Decreto para hacer sus colecciones. En pocas palabras viene a decir a las bibliotecas que mejor que no se enfrenten a los escritores que son, al fin y al cabo, los que les dan trabajo.
