Razones para un mapa mundial de la información legal electrónica

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Radu D. Popa. Member of Standing Committee. Law Libraries Section Assistant Dean / Director of the law Library NYU School of Law Library (Nueva York)

Con motivo de la Conferencia Anual de IFLA en San Juan de Puerto Rico (agosto 2011) la Sección de Bibliotecas Jurídicas dedicó un panel del programa a la Promoción del acceso global a la documentación jurídica, y propuso la identificación de la información legal en formato digital existente en el mundo: Mapping the World of Digital Legal Information. En muchos de sus documentos, la IFLA proclama el derecho fundamental de los seres humanos de acceder y de expresar información sin restricciones. IFLA, y su amplio apoyo mundial, defiende y promueve la libertad intelectual expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entre otros campos, la información es, probablemente hoy más que nunca, fundamental. Es así sobre todo debido a que la globalización de las economías nacionales y la cultura legal de cada país nos conducen a una necesidad constante de consulta y de conocimiento de otras legislaciones que se relacionan entre sí, además de la legislación propia de cada país. Esta realidad la viven no sólo los abogados, los jueces, los especialistas en asuntos jurídicos y los académicos, sino también el gran público, el conjunto de los ciudadanos. Los países cuentan con diferentes niveles de desarrollo de la administración electrónica, de gobierno electrónico, dependiendo de su estructura política y social, compromiso con el estado de derecho, y – no menos importante- de su posibilidad de inversión en este campo.

¿Por qué hacer un mapa mundial de la información legal electrónica? Primero porque es una realidad completamente nueva y alguien tiene que intentar organizarla país a país, jurisdicción a jurisdicción, y región a región; segundo porque ello nos permitirá ser capaces de determinar el nivel de transparencia de los países del mundo cuando se trata de poner a disposición de los ciudadanos sus materiales legales y, por último, porque somos bibliotecarios y miembros de la IFLA, entre cuyas metas está la defensa ardiente del ideal de libertad de información en todos los campos posibles. La libertad intelectual enriquece el conocimiento del ser humano, el debate, el pensamiento creativo y la actividad intelectual .

Acceder a la información legal era bastante complejo y tedioso antes de la digitalización. No hay duda de que la disponibilidad en línea de la documentación legal ha propiciado el acceso a la legislación producida en otros países de una forma sin precedentes, especialmente desde principios de la década de los noventa. Como Claire Germain anotó: «La razón principal para el progreso es, por supuesto, el impacto revolucionario de la tecnología y en concreto de Internet en lo que respecta a la información jurídica. Una segunda razón son las políticas de información electrónica desde los gobiernos, del e-gobierno establecido mediante planes expresos de desarrollo por muchos países, por aquellos que dan especial importancia a la difusión de las fuentes jurídicas a fin de asegurar la aplicación efectiva de la legislación y del estado de derecho. La mayor consecuencia de este cambio revolucionario ha sido la evolución desde las bases de datos de pago a los sistemas de información de acceso libre y gratuito» (1)

Es cierto que, por el momento, no todo en formato digital es gratuito. Algunos países tienen derechos de autor de la documentación legal, poseen su publicación en exclusiva, o mantienen acuerdos de distribución con las organizaciones no gubernamentales, editoriales, u organismos privados. Sin embargo, las tendencias crecientes conducen hacia el libre acceso a la información legal.

Cuando se convierten en digital las fuentes legales uno de los principales problemas es su fiabilidad. A menudo los adjetivos oficial y auténtico se usan como sinónimos, cuando de hecho significan diferente (2). Una fuente legal oficial electrónica debe tener el mismo «status» que una impresa, dicho en pocas palabras. Autenticidad, por otra parte, se refiere a la calidad y credibilidad de un documento. Esto quiere decir que el texto ha sido producido por una autoridad competente y que «no va a experimentar cambio alguno en la cadena de custodia. Un auténtico recurso legal electrónico es aquel cuyo gobierno ha verificado el contenido, lo ha considerado completo e inalterado de la versión aprobada y publicada como texto original. Por lo general un texto auténtico llevará un certificado o marque que certifique que el texto está autentificado» (3), muy a menudo mediante una firma digital o encriptada.

En el caso de la legislación internacional relevante publicada en bases de datos jurídicas en Internet, la situación ideal es cuando tanto el autor como el editor proceden de la misma entidad. A modo de ejemplo: un gobierno, un parlamento, un ministerio de justicia, una organización internacional, o un instituto de asuntos jurídicos que trabajan bajo la supervisión de contenidos y publicación del gobierno. Una base de datos de pago de un productor privado que ofrece garantía de autenticidad de la documentación jurídica será preferible a una base de datos que pueda ser accesible libremente pero que no ofrezca tal garantía. La calidad del editor es una garantía en la creación de colecciones controladas.

Dado que este proyecto se presenta en Puerto Rico, este mapa de la información digital legal en el mundo se ocupará en primer lugar de América Central, Sudamérica y Caribe (4), y continuará dibujando el estado de la cuestión en el resto del mundo!.

Traducción autorizada por el autor:
Paz Fernández y Fernández-Cuesta (Vocalía de Publicaciones)

Notas   [ + ]

1. Digitizing the World’s Laws. Comunicación presentada en la 17th Annual Global Information Network (GLIN). Directors’ Meeting & International Legal Information Conference. Seúl (Corea), 2010. P. 5
2. Germain, Claire. Op. cit. pp. 27-28. 
3. IFLA Manifesto, 2002.
4. The digital legal landscape in South America: government transparency and access to information. TERESA MIGUEL (Yale Law Library, New Haven, Connecticut, USA).
Mapping the digital legal resources of Mexico, Central America, the Spanish speaking Caribbean and Haiti. MARISOL FLOREN (Florida International University (FIU) College of Law Library, Miami, Florida, USA).
Access to digital legal information: focus on the English-speaking Caribbean countries. YEMISI DINA (Osgoode Hall Law School Library, York University, Toronto, Canada)
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