Entrevista a Javier Amorós Dorda, Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno

Javier Amorós Dorda

Realizada por: Ana Naseiro Ramudo
Archivera del Estado y Vocal de SEDIC

Javier Amorós Dorda (Madrid, 1958), es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1982. Ha desempeñado diversos puestos en la Administración. Entre otros, el de Subdirector General de Clases Pasivas en el Ministerio de Economía y Hacienda y el de Subdirector General de Organización y Procedimientos. Actualmente, desempeña el puesto de Subdirector General de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno y ejerce la Presidencia en funciones del organismo.

El 28 de septiembre de 2018 hemos asistido a la firma de la Declaración de Málaga por la Red de Consejo y Comisionados de Transparencia con el objetivo obtener un mayor apoyo por parte del resto de los poderes públicos a la transparencia. ¿Como ve el futuro de la transparencia en España? ¿Piensa que podría haber más implicación de los poderes públicos a raíz de la firma de esta declaración? ¿Cómo se puede traducir esta Declaración de una manera práctica?

La implantación de la transparencia en la actuación de las Administraciones e instituciones públicas es un proceso que, si bien en España se ha iniciado tarde en comparación con otros países, es irreversible, en la medida en que es una de las claves fundamentales para la consecución de unas Administraciones modernas y eficaces, que constituyen una demanda compartida por la práctica totalidad de la ciudadanía.

Lo que sucede es que el cambio que supone pasar de una Administración decimonónica, sobredimensionada, burocratizada y secretista a una Administración ágil, abierta, participada y sostenible, un auténtico cambio de paradigma, es más difícil de teorizar que de resolver en la práctica. Supone una transformación radical, que no solo despierta reticencias entre los responsables políticos y los propios funcionarios, sino que además tropieza con obstáculos internos, organizativos y de toda índole que no son fáciles de superar por unas estructuras diseñadas para un funcionamiento y una realidad histórica totalmente diferente.

Un cambio de esta naturaleza requiere un apoyo político, institucional y económico ─la transparencia se está abordando prácticamente “a coste cero”─ mucho más intenso que el que se ha producido hasta ahora. Sobre todo, requiere un convencimiento y un grado de consenso entre todos los actores implicados que no es fácil que se dé actualmente en España, como demuestra el proceso seguido en el ámbito político estos últimos años.

Esta es la situación que trata de poner de manifiesto la Declaración de Málaga. Un cambio de la magnitud del que se ha emprendido requiere un impulso, al menos, de la misma magnitud. Simplemente trasladar ese mensaje a los responsables políticos y administrativos de todos los niveles y ámbitos territoriales de gobierno sería ya un óptimo resultado práctico para nuestra Declaración.

En colación con la pregunta anterior, algunos documentalistas nos transmiten su preocupación por los recursos que interpone el Ministerio de la Presidencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿Por qué piensa que se produce esta situación? ¿Puede influir este hecho en la falta de apoyo del Gobierno a la Institución?

Desde el inicio de la actividad del Consejo, en 2014, se han producido una serie de recursos judiciales de instituciones y organismos públicos, no solo del Ministerio de Presidencia (que no es tampoco el organismo que más recursos ha planteado) en desacuerdo con nuestras resoluciones. En total, a fecha de hoy, son 140 los procedimientos judiciales interpuestos por organismos e instituciones públicas. Los datos se encuentran en nuestra web institucional, www.consejodetransparencia.es

En principio, tratándose de una materia como el derecho que está lejos de ser una ciencia exacta, el motivo de los recursos es la discrepancia entre la interpretación de la Ley de Transparencia que hace el Consejo y la que aplican los órganos recurrentes. Se trata, pues, de una actitud legítima y que, además, siendo la transparencia una materia novedosa en el derecho administrativo español, puede dar resultados positivos en la medida en que ayudará a crear una doctrina jurisprudencial que contribuya a aclarar las dudas e interpretaciones contradictorias que plantea la Ley.

Otra cosa es que, en el actual panorama de falta de recursos y de apoyo institucional a los Consejos y Comisionados de Transparencia, pueda verse ─y de hecho se haya visto─ la existencia de recursos ante los Tribunales como un intento de entorpecer deliberadamente la actuación de los Consejos. Pero, realmente, al menos en mi opinión, más que una estrategia dilatoria lo que revelan los recursos es un conflicto entre una interpretación proactiva de las leyes de transparencia, propia de los Consejos, y una interpretación más rígida o más formalista, que, más que intencionada, obedece a la inercia y al peso que todavía tiene en nuestras Administraciones una serie de comportamientos y formas de actuar más propios de épocas pasadas que de la actualidad.

Hemos visto en la plataforma Web del Consejo de Transparencia dos actividades interesantes entorno a los archivos como un “Curso sobre el Modelo Gestión Documental y Administración de Archivos (MGD)”, y un Coloquio sobre “Gestión de archivos para una adecuada transparencia”. ¿Tienen en la planificación de la institución de manera habitual actividades orientadas a mejorar la transparencia a través de la gestión de los documentos y los archivos en las organizaciones?

Por supuesto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el resto de los Consejos y Comisionados de Transparencia de España estamos persuadidos de que uno de los elementos más importantes de ese cambio de paradigma en la actuación de las Administraciones que se intenta conseguir a través de la transparencia es una mejora de la gestión documental y archivística de las organizaciones públicas que vaya dirigida a facilitar y agilizar la consecución de la información que se demanda por la ciudadanía española. Si no hemos programado más actividades divulgativas, de formación, de investigación, de debate, sobre estas cuestiones no ha sido por falta de interés sino, desafortunadamente, por falta de los medios necesarios.

Por otro lado, los archivos, bibliotecas y centros documentales de las Administraciones Públicas están en el centro de la gestión de la información y la documentación por lo que sería útil darle algún consejo para apoyar a sus organizaciones en la mejora de su transparencia ¿Cómo podrían participar los archivos, bibliotecas y centros documentales en la mejora de la transparencia de sus instituciones?

En primer lugar, informando de su situación y ayudando a trazar un diagnóstico sobre la realidad actual del sistema público de documentación y archivos en España. En segundo lugar, ayudando a trasladar a los responsables públicos propuestas de mejora, de dotación de medios y de reforma normativa. En materia de archivos, la Ley de Transparencia introduce un cambio fundamental al considerar información pública no solo los documentos sino también los contenidos, lo que supone pasar del sistema actual, basado en el expediente, el documento o el legajo físico a un sistema de datos susceptibles de tratamiento automatizado. Cualquier propuesta autorizada, formulada por técnicos y especialistas, que ayude a abordar esa transformación (digitalización de los archivos, separación del archivo tradicional y el archivo de información para la transparencia, unificación de los regímenes de acceso, etc.) sería una contribución valiosísima en el camino de implantación de la transparencia en nuestra vida pública.

Hacer factible la transparencia requiere la dedicación de muchos recursos humanos y tecnológicos, requiere sistemas de información y documentación eficientes y constantemente mejorados, tareas que habitualmente han desarrollado los profesionales de la información ¿Aconsejaría a las instituciones por ejemplo una mayor inversión en recursos humanos y herramientas documentales especializadas en la gestión de la información y la documentación?

Totalmente. Como se ha dicho, esa es una de las piezas fundamentales para la consecución del cambio y la transparencia en nuestras Administraciones.

Ya desde nuestra propia curiosidad y aunque es un organismo bastante reciente. ¿Cuenta el Consejo de Transparencia con un archivo, biblioteca o centro de documentación propio?

El Consejo de Transparencia cuenta con un archivo administrativo propio y es el encargado de custodiar y gestionar la información y la documentación generada en sus casi cuatro años de actividad. Lamentablemente, no cuenta con personal especializado lo que implica que el archivo no se ha organizado con criterios de técnica archivística o documental. Dado que todavía el volumen de información y archivo es manejable, sería un objetivo estratégico claro para este Consejo el de abordar su reorganización e incluso utilizarlo como “experiencia piloto” de un hipotético modelo de archivo dirigido a la transparencia. También, teniendo en cuenta la novedad de la legislación de transparencia, sería otro objetivo claro generar un sistema documental en la materia reuniendo las fuentes normativas y científicas, nacionales e internacionales, que pudiera consultarse por todos los gestores y aplicadores de la transparencia y también por el público interesado.

La ley 19/2013, de 3 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno fue disposición muy necesaria y esperada en nuestro corpus legislativo, sin embargo, para los profesionales del ámbito de los archivos fue una auténtica sorpresa comprobar que apenas se hacía referencia a los archivos públicos, ¿Cree que se ha enmendando esta ausencia desde su publicación en 2013?

Realmente no. La gestión de la información de transparencia y la de la información custodiada en archivos públicos se continúan planteando como si fueran realidades separadas o compartimentos estancos. De hecho, en la Ley de Transparencia, el acceso a los archivos se plantea como un procedimiento especial, ajeno al regulado en la norma (disposición adicional 1ª). Hubiera sido deseable superar esta situación y acudir a una visión más integrada.

En cuanto a la transparencia de los Archivos Históricos, estamos en un momento en el que la Memoria Histórica está en el centro de la política con el reciente traslado de los restos del Dictador Francisco Franco, como un propósito de recuperación por parte del Gobierno de la Ley de Memoria Histórica. Cuando se puso en marcha esta Ley supuso una gran movilización de recursos para la publicidad de la documentación judicial histórica con la finalidad de facilitar la investigación de los crímenes de la Dictadura, estos proyectos quedaron en el olvido con el Gobierno del PP. Otra de las medidas del actual gobierno ha sido la desclasificación de los documentos anteriores a 1968 custodiados en los archivos militares por Margarita Robles, Ministra de Defensa, ¿cree que estas medidas son suficientes para que los archivos españoles estén a la altura de un estado democrático? ¿Considera importante potenciar los archivos históricos desde el punto de vista de la transparencia?

Desafortunadamente, como acaba de decirse, la gestión de los archivos y el acceso a la información pública siguen siendo realidades jurídicas separadas. Por eso, más que una opinión institucional, lo que puedo ofrecer es una opinión personal, sin más validez que esa. Desde mi punto de vista, la apertura de los archivos históricos y de la información que contienen es una condición ineludible de la democracia y sería otro elemento de importancia esencial para afirmar que en España la actividad de los poderes públicos es verdaderamente transparente.

Ana Naseiro RamudoEntrevista realizada por: Ana Naseiro Ramudo
Vocalía de Publicaciones de SEDIC

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